Más de 3.4 millones de residentes se abastecen de sistemas de agua potable que violaron la Ley de Agua Potable Segura en el 2015
El agua potable utilizada por la mayor parte de la población de Puerto Rico provino de sistemas de agua que incumplieron reglas federales estalecidas por la Ley de Agua Potable Segura (SWDA, en inglés), de acuerdo a un informe nuevo del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), El Puente: Enlace Latino de Acción Climática, y la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA).
“Millones de personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas, se están abasteciendo de redes deterioradas que ponen su salud en riesgo”, señaló Erik Olson, director del Programa de Salud del NRDC. “El sistema de agua de Puerto Rico está fracasando. Requiere de una inversión seria para asegurar agua potable segura y limpia para la isla”.
El informe “Amenazas en el grifo: infracciones del sistema de agua potable de Puerto Rico” demuestra que, en el 2015, más de 3.4 millones de residentes en Puerto Rico—99.5 por ciento de la población en la isla—se abastecieron de sistemas de agua comunitarios en los cuales se omitió examinar la seguridad del agua o que contenían altos niveles de contaminantes, incluyendo bacterias y químicos que podrían ocasionar cáncer.
A pesar de que las infracciones más comunes se debieron a la falta de análisis de la calidad del agua y a no reportar fallas en el sistema, más de dos terceras partes de la población—2.4 millones de puertorriqueños—se abasteció de sistemas de agua que sufren de niveles ilegales de contaminantes tales como la bacteria coliforme, productos derivados de la desinfección y compuestos orgánicos volátiles o sistemas que fallaron en tratar el agua para retirar contaminantes de alto riesgo. Las infracciones más serias vinieron de las redes de abastecimiento pequeñas en la isla.
El informe indica que no se están reportando las incidencias de contaminación de plomo o no se están realizando las pruebas de análisis necesarias para detectar plomo en las redes que abastecen al 97 por ciento de la población. En algunos casos, muestras de análisis indicaron niveles excesivos de plomo en los sistemas de agua potable.
“Muchas personas en la isla dependen del agua de la pluma”, dijo David Ortiz, director de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática. “Puerto Rico sufre de una crisis de agua como ninguna otra en los EE.UU. Las condiciones de nuestra agua potable son tan pobres que tenemos que repensar la forma de monitorear su calidad, así como su tratamiento y la infraestructura relacionada que suple dicho recurso”.
Las extensas violaciones al SDWA en Puerto Rico dejan clara la necesidad de acción urgente y sustancial para salvaguardar la salud de los puertorriqueños. El informe destaca varias recomendaciones de gran peso para el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Junta de Control Fiscal, dirigidas a asegurar que los residentes de Puerto Rico tengan acceso a agua potable segura y limpia. Entre las mismas se encuentran:
- Invertir en la infraestructura de agua en Puerto Rico a fin de reparar, optimizar y dar mantenimiento a las redes de abastecimiento para asegurar que el agua sea segura y esté en cumplimento con los estándares de salud, y a su vez reducir las pérdidas masivas de agua que plagan muchas redes de abastecimiento a través de Puerto Rico y le cuestan millones a los ciudadanos.
- Identificar contaminantes a través de la implementación de un sistema de análisis que cumpla con los requisitos legales aplicables.
- Mejorar el tratamiento del agua potable para cumplir con estándares que protejan a la población de contaminantes peligrosos.
- Fortalecer los mecanismos de fiscalización para asegurar el cumplimiento con todos los reglamentos referentes al agua potable.
- Proteger de fuentes significativas de contaminantes las aguas subterráneas y superficiales del país a través de estrategias de zonificación y en los procesos de otorgación de permisos.
“Puerto Rico enfrenta terribles cargas económicas, pero eso no disminuye la responsabilidad que tienen las autoridades locales y federales de proteger la salud de los puertorriqueños”, dijo Héctor J. Claudio Hernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA). “No hay razón para que haya familias y comunidades expuestas a riesgos a su salud a causa de agua de pluma contaminada”.
Añadió además que:
“Muchos de los problemas reseñados se han mantenido constantes a través de los últimos años, o sea que la situación no es nueva. De hecho, entre 2005 al 2015, hubo más de 33,000 violaciones a la Ley federal de Agua Segura en Puerto Rico. Esto incluye: violaciones a estándares de salud, violaciones relacionadas con falta de monitoreo y violaciones por incumplimiento con la obligación de rendir informes y divulgar hallazgos. Esto último es particularmente preocupante porque implica que millones de personas en Puerto Rico consumen agua a diario confiando en su calidad y pureza y desconocen que la realidad podría ser otra“.
Es importante resaltar que la declaración de quiebra por parte de Puerto Rico no afecta los fondos federales utilizados para mantener los estándares de salud, ni los reglamentos promulgados por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés), los cuales establecen el requisito de monitorear la calidad de agua y notificar violaciones. Así lo expresa la propia Ley PROMESA en su sección 304(h)
304(h) PUBLIC SAFETY.—This Act may not be construed to permit the discharge of obligations arising under Federal police or regulatory laws, including laws relating to the environment, public health or safety, or territorial laws implementing such Federal legal provisions. This includes compliance obligations, requirements under consent decrees or judicial orders, and obligations to pay associated administrative, civil, or other penalties.
Los activistas ambientales alegan que la acentuada supervisión federal sobre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados implica una mayor responsabilidad del gobierno de EE.UU. en cuanto a la calidad del agua potable en la isla.
El informe “Amenazas en el grifo: infracciones del sistema de agua potable de Puerto Rico” (en inglés y español), su mapa interactivo de búsqueda y varios documentos suplementarios, así como medidas específicas que pueden tomar las comunidades y los ciudadanos para protegerse ante el riesgo de agua contaminada, están disponibles a través del siguiente enlace: https://www.nrdc.org/resources/threats-tap-drinking-water-violations-puerto-rico